Eran las diez y treinta de la noche del 3 de noviembre de 1991. Una pollada se realizaba en el Jirón Huanta No. 840, Barrios Altos, para recaudar fondos con el objetivo de hacer reparaciones en la quinta. De pronto, dos vehículos, uno de marca jeep Cherokee y otro Mitsubishi, ambos con luces y sirenas policiales, se detuvieron fuera del inmueble. Seis individuos fuertemente armados irrumpieron en la fiesta.
Los individuos, cuyas edades oscilaban entre los 25 y 30 años y tenían los rostros cubiertos con pasamontañas, obligaron a los asistentes a arrojarse al suelo. Entonces, dispararon indiscriminadamente por un período aproximado de dos minutos. Con la misma celeridad con que habían llegado, los atacantes huyeron en los dos vehículos, haciendo sonar las sirenas, que las habían apagado al momento de llegar al inmueble. Quince personas murieron e hirieron gravemente a otras cuatro, quedando Tomás Livias Ortega, permanentemente incapacitado.
Los sobrevivientes declararon que las detonaciones sonaban "apagadas", lo que permite suponer que utilizaron silenciadores. Durante la investigación, la policía encontró en la escena del crimen 111 cartuchos y 33 proyectiles del mismo calibre, correspondientes a pistolas ametralladoras.
La investigación
Las investigaciones judiciales y los informes periodísticos revelaron que los involucrados eran miembros del Ejército Peruano y que pertenecían al Grupo Colina, un "escuadrón de eliminación", que llevaba a cabo su propio programa antisubversivo.
Las investigaciones judiciales y los informes periodísticos revelaron que los involucrados eran miembros del Ejército Peruano y que pertenecían al Grupo Colina, un "escuadrón de eliminación", que llevaba a cabo su propio programa antisubversivo.
Una semana después del ataque, el congresista Javier Diez Canseco presentó a la prensa una copia de un documento titulado "Plan Ambulante", el cual describía un operativo de inteligencia llevado a cabo en la escena del crimen. Según dicho documento, desde enero de 1989, supuestamente diversos "subversivos" se reunían en ese inmueble y se encubrían bajo la apariencia de vendedores ambulantes.
Piden sentencia para MontesinosEl 13 de mayo del 2005 el fiscal superior anticorrupción Pablo Sánchez Velarde pidió treinta y cinco años de prisión efectiva para el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, por considerarlo el autor intelectual de la denominada matanza de Barrios Altos. Además se incluyeron otros crímenes como el del asesinato de un grupo de campesinos en la provincia de Santa en Áncash y de la desaparición del periodista Pedro Yauri a manos del grupo paramilitar Colina.
En su dictamen acusatorio Sánchez Velarde responsabilizó a Montesinos Torres de los delitos de homicidio calificado, desaparición forzada de personas, secuestro agravado y asociación ilícita para delinquir, razón por la cual pidió que el ex asesor pague la suma de cien mil nuevos soles para cada una de las familias de los agraviados en estos casos.
La pena que pidió el fiscal fue similar para Santiago Martin Rivas, del Grupo Colina, el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos y el ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Julio Salazar Monroe por haber avalado la realización de estos crímenes de lesa humanidad, justificando para ello que formaban parte de la lucha antisubversiva.
Asimismo solicitó 30 años de prisión para el mayor Carlos Pichilingue Guevara, como también para el ex miembro del grupo Colina, Fernando Rodríguez, y otras 51 personas, para las cuales pidió penas de entre 8 y 30 años de prisión. Este dictamen acusatorio fue remitido a la Sala Anticorrupción “A”, que remitió al Ministerio Público el expediente acumulado de los casos de violación de derechos humanos para que se emita el dictamen fiscal correspondiente.
Actualmente, el caso se encuentra acumulado (junto a los casos Cantuta, Santa y Pedro Yauri) en el proceso abierto contra el grupo Colina que se encuentra en etapa de juicio. Asimismo, el caso Barrios Altos es uno de los argumentos actuales por los que se solicitará la extradición de Alberto Fujimori quien se encuentra detenido en Chile.
En su dictamen acusatorio Sánchez Velarde responsabilizó a Montesinos Torres de los delitos de homicidio calificado, desaparición forzada de personas, secuestro agravado y asociación ilícita para delinquir, razón por la cual pidió que el ex asesor pague la suma de cien mil nuevos soles para cada una de las familias de los agraviados en estos casos.
La pena que pidió el fiscal fue similar para Santiago Martin Rivas, del Grupo Colina, el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos y el ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Julio Salazar Monroe por haber avalado la realización de estos crímenes de lesa humanidad, justificando para ello que formaban parte de la lucha antisubversiva.
Asimismo solicitó 30 años de prisión para el mayor Carlos Pichilingue Guevara, como también para el ex miembro del grupo Colina, Fernando Rodríguez, y otras 51 personas, para las cuales pidió penas de entre 8 y 30 años de prisión. Este dictamen acusatorio fue remitido a la Sala Anticorrupción “A”, que remitió al Ministerio Público el expediente acumulado de los casos de violación de derechos humanos para que se emita el dictamen fiscal correspondiente.
Actualmente, el caso se encuentra acumulado (junto a los casos Cantuta, Santa y Pedro Yauri) en el proceso abierto contra el grupo Colina que se encuentra en etapa de juicio. Asimismo, el caso Barrios Altos es uno de los argumentos actuales por los que se solicitará la extradición de Alberto Fujimori quien se encuentra detenido en Chile.
No hay comentarios:
Publicar un comentario